Coordinadores de bienestar en los colegios: falta de tiempo y recursos limita su impacto

La protección de la infancia se ha convertido en una de las prioridades del sistema educativo. Sin embardo, garantizar que los colegios e institutos sean espacios  seguros sigue siendo un reto. La figura del coordinador de bienestar y protección, impulsada por la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), nació precisamente para prevenir situaciones de acoso, violencia y malestar emocional entre el alumnado.

No obstante, su implantación no ha ido acompañada en todos los territorios de los recursos necesarios para desarrollar sus funciones. Así lo advierte Educo en su informe “Más allá del papel: progresos y retos de la implantación de la coordinación de bienestar y protección en centros educativos”, que analiza el desarrollo de esta figura y las dificultades que encuentra en su aplicación práctica.

De acuerdo con la organización, aunque la coordinación de bienestar y protección está contemplada en la normativa y presente en los centros educativos, su capacidad para actuar de manera efectiva continúa condicionada por distintas carencias estructurales.

Falta de tiempo para detectar situaciones de riesgo

Una de las principales dificultades es la ausencia de un tiempo de dedicación suficiente para ejercer esta responsabilidad. La detección temprana de situaciones de violencia, acoso escolar o malestar emocional requiere observar al alumnado, identificar cambios de comportamiento y coordinar las respuestas necesarias con los profesionales implicados.

Sin embargo, estas tareas no siempre cuentan con un espacio específico dentro de la jornada laboral. En consecuencia, parte de las funciones pueden terminar desarrollándose entre otras obligaciones docentes, lo que dificulta su seguimiento y limita la capacidad de intervención.

Además, las diferencias entre comunidades autónomas generan condiciones de trabajo desiguales. Mientras algunos territorios han establecido criterios para regular esta figura, en otros la disponibilidad horaria depende de la organización de cada centro o carece de una asignación mínima claramente definida.

Por tanto, disponer de una persona responsable de bienestar y protección no garantiza, por si solo, que pueda desempeñar adecuadamente sus funciones. Para ello, resulta necesario contar con tiempo suficiente y procedimientos claros de actuación.

Reconocimiento profesional y compensación económica

A la falta de tiempo, se suma otra dificultad: el escaso reconocimiento de la responsabilidad adicional que asume el profesorado encargado de esta coordinación.

En numerosos centros, esta función recae en docentes que deben compatibilizarla con sus tareas habituales en el aula. No obstante, asumir la prevención de la violencia, la detección de posibles casos y la coordinación de las respuestas exige una dedicación específica y conocimientos adecuados.

Según el análisis de Educo, el reconocimiento económico también presenta importantes diferencias territoriales. La organización señala que Canarias, Cataluña y Galicia contemplan complementos retributivos para esta responsabilidad.

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de revisar las condiciones en las que se desarrolla el puesto. En particular, establecer criterios comunes sobre la dedicación horaria, la formación y el reconocimiento profesional permitiría reducir las desigualdades entre centros y comunidades autónomas.

Asimismo, una mejor definición de las funciones contribuiría a evitar que la protección del alumnado dependa exclusivamente de la disponibilidad individual o del esfuerzo adicional del profesorado.